Hace escasas fechas conocimos la decisión del Gobierno de Aragón de eliminar de forma cautelar la propuesta de declarar Las Canalillas del río Bergantes como Lugar de Interés Geológico de Aragón (LIG). ¿La razón? Que esa protección jurídica molesta. Sí, como lo leen. Incordia e incomoda para poder construir el embalse de Aguaviva que ha proyectado la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ni el espacio se ha degradado ni ha perdido los valores por los cuales en su día fue incluido en el inventario de LIG de Aragón tras el trabajo que realizaron los técnicos de la DGA, la Universidad de Zaragoza, el Instituto Geológico y Minero o el propio Colegio de Geólogos, el cual ha denunciado lo incomprensible de una situación que sólo obedece a razones coyunturales y a una total falta de sensibilidad con el patrimonio natural.
Y no es la primera vez que ocurre algo similar en nuestra tierra. Años atrás, durante el conflicto del río Matarraña, se mantuvo fuera de la zona reconocida como Red Natura toda la superficie que debía ocupar el embalse de Torre del Compte, mientras que el resto del cauce, tanto aguas arriba como hacia su desembocadura, sí estaba cubierto por esa figura de protección. ¿Qué casualidad, no les parece? Más recientemente, el Consejo de Ministros, ante la imposibilidad de conseguir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva sobre Mularroya, ha declarado este proyecto de interés público de primer orden, una herramienta administrativa más propia de épocas pretéritas que permite al Gobierno incluso pasar por encima de los dictámenes de hasta tres sentencias de las más altas instancias judiciales.
Volviendo al caso que nos ocupa, el Director General de Conservación del Medio Natural, Pablo Munilla, aseguró que "no podemos poner ningún impedimento para la construcción de una presa por cuestiones de seguridad", aunque en la denominación de su cargo queda clara que su misión no es precisamente facilitar la construcción de pantanos, sino velar por la protección del medio ambiente aragonés y tomar cuantas medidas sean necesarias para ello. De lo contrario carece de sentido alguno que continúe ejerciendo ese puesto.
Asimismo Munilla afirmó que "corresponde a la DIA que haga el Ministerio aclarar si es o no compatible establecer un régimen de protección previo con la obra que se va a realizar". Al respecto cabe señalar que, en primer lugar, se trata de una normativa de rango autonómico, en la que nada tiene que ver pues el ente estatal. Como tampoco la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto establece en ningún caso regímenes de protección, ya que únicamente estima los efectos que la ejecución de un determinado proyecto causaría sobre los espacios en cuestión, para poder determinar la conveniencia o no de realizar la actividad planificada.
Siguiendo este planteamiento, ¿si no es compatible su uso ya no lo protegemos? ¿No debería ser más bien al revés? ¿Para qué sirven entonces tanto la legislación en la materia como los estudios y análisis realizados con criterios técnicos y científicos? Además, esta utilización totalmente arbitraria de las normativas en virtud del poder otorgado y supeditada ante otros intereses no parece la mejor forma para que los dirigentes puedan recuperar la credibilidad de los ciudadanos en el contexto actual de desapego generalizado hacia la clase política.
La pasada semana, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha matizado las palabras de su Director General, dejando la puerta abierta a la reincorporación del río Bergantes al listado de LIG. Puede que la presión social haya frenado las intenciones del Gobierno, o que simplemente la voluntad del ejecutivo sea apaciguar las masas en tiempos de precampaña electoral, ya que sorprenden estas contradicciones y que, si realmente se pretende "encontrar un acuerdo beneficioso para todos", se haga de nuevo sin contar con el territorio.
Todo ello sucede en un momento en el que el turismo relacionado con la naturaleza, en sus múltiples variantes, es un sector pujante que podría suponer un motor de desarrollo para nuestras comarcas. Sin embargo, vemos una vez más cómo se intentan utilizar todas las artimañas posibles para tratar de sacar adelante una infraestructura que se ha demostrado que es completamente insostenible, con nefastas consecuencias socioeconómicas para toda la zona, que cuenta con una rotunda y creciente oposición ciudadana, y para la cual se han evidenciado diversas alternativas.
Así pues, ante estas viles maniobras los afectados no nos quedaremos parados, ni mucho menos callados. Al contrario, lo seguiremos denunciando alto y claro. Porque hay líneas rojas que no podemos ni debemos tolerar que se sobrepasen. Porque está en juego nuestra dignidad y nuestro futuro. Porque no todo vale.