Nota de prensa de COAGRET contra la aprobación del Plan de Cuenca del Ebro por el Consejo de Ministros:
Desde la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), rechazamos la aprobación definitiva del Plan de Demarcación de la Cuenca del Ebro que previsiblemente llevará a cabo el Consejo de Ministros de hoy. Entendemos como un fracaso de la CHE como organismo de Cuenca, y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que tras 7 años de tramitación, y de contar con aportaciones relevantes tanto por parte de la comunidad científica, como de las organizaciones ecologistas y conservacionistas, no se haya tenido en cuenta estas voces y se saque adelante un Plan decepcionante, perdiendo una oportunidad para adaptar la gestión convencional de explotación de recursos hídricos a las nuevas necesidades ambientales que exige la sociedad del Siglo XXI y ampara la Directiva Marco del Agua.
El nuevo Plan de Cuenca alienta la hidroesquizofrenia por la expansión del regadío y usura por las concesiones del agua propias de principios del Siglo XX, cuando las realidades socio económicas y ambientales nada tenían que ver con la situación actual. El objetivo de la Directiva Marca era planificar teniendo en cuenta no hipotecar nuestro futuro ni el de las generaciones futuras, planteando la conservación de los recursos en cantidad y calidad suficiente. Evitar el deterioro y alcanzar el buen estado ecológico eran las vías para este objetivo. Sin embargo todo esto se ha ninguneado en este Plan donde al final se están generando unas expectativas irreales que nos llevan a una burbuja del agua similar a la que vivimos en la construcción e infraestructuras de tan negativas consecuencias.
La demanda agraria se sustenta en el desarrollo de 445.000 ha de nuevos regadíos, sumados a los 965.000 ha actualmente existentes que irremediablemente continuará degradando los ecosistemas acuáticos tanto por la escasez de caudales circulantes como por la contaminación difusa asociada.
Una de las piezas claves para el no deterioro de los ríos y el alcanzar el buen estado son los caudales ambientales. Estos caudales ambientales, siguiendo los criterios de la DMA, deberían haberse realizado con total transparencia y con un debate técnico-científico abierto entre expertos para obtener la mejor propuesta técnica posible, sin embargo se ha presentado con total obscurantismo dentro de la ingente cantidad de documentación del Plan sin ninguna posibilidad de debate.
La razón de este obscurantismo es la manipulación técnica en la determinación de caudales ambientales que obedece a un único criterio, el caudal ambiental es el sobrante una vez se han aplicado los balances para las 1.410.000 ha previstas en este Plan. El procedimiento técnico “por casualidad” da este resultado. En este sentido, subrayamos la gravedad de que en el Plan se incluyan unos caudales ecológicos para el Delta del Ebro que condenan a muerte a la desembocadura del río.
En el Plan se incluye también la construcción de 35 nuevos embalses (más de 2.100 Hm3) de capacidad y se continúan manteniendo las expectativas sobre 44 más (más de 850 Hm3), encaminados a incrementar el almacenamiento de recursos hídricos. Todos ellos afectan a zonas de alto valor natural y en no pocos casos amparadas con figuras de protección incluidas en la Red Natura 2000. Denunciamos el cinismo del Plan al justificar muchos de estos embalses como medida ambiental para tener caudales ecológicos, cuando precisamente lo que hace un embalse es desregular el funcionamiento natural de un río, y a causa de esa desregulación están obligados (o deberían estar obligados, de hecho ahora no lo están) a dejar pasar por lo menos unos caudales ambientales. El cinismo aumenta cuando el estado se compromete a financiar parte de las obras a causa de que deje esos caudales ambientales, dando a entender de facto que los usos son previos a los caudales ambientales, por lo que tales usos han de ser compensados por dejar los caudales ambientales.
Por tanto, uno de los grandes fracasos del Plan es continuar con la política de grandes embalses, que generan conflictividad social y jurídica, como son los casos de Yesa, Biscarrués, Mularroya, Aguaviva o Las Torcas.
Desde la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), rechazamos la aprobación definitiva del Plan de Demarcación de la Cuenca del Ebro que previsiblemente llevará a cabo el Consejo de Ministros de hoy. Entendemos como un fracaso de la CHE como organismo de Cuenca, y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que tras 7 años de tramitación, y de contar con aportaciones relevantes tanto por parte de la comunidad científica, como de las organizaciones ecologistas y conservacionistas, no se haya tenido en cuenta estas voces y se saque adelante un Plan decepcionante, perdiendo una oportunidad para adaptar la gestión convencional de explotación de recursos hídricos a las nuevas necesidades ambientales que exige la sociedad del Siglo XXI y ampara la Directiva Marco del Agua.
El nuevo Plan de Cuenca alienta la hidroesquizofrenia por la expansión del regadío y usura por las concesiones del agua propias de principios del Siglo XX, cuando las realidades socio económicas y ambientales nada tenían que ver con la situación actual. El objetivo de la Directiva Marca era planificar teniendo en cuenta no hipotecar nuestro futuro ni el de las generaciones futuras, planteando la conservación de los recursos en cantidad y calidad suficiente. Evitar el deterioro y alcanzar el buen estado ecológico eran las vías para este objetivo. Sin embargo todo esto se ha ninguneado en este Plan donde al final se están generando unas expectativas irreales que nos llevan a una burbuja del agua similar a la que vivimos en la construcción e infraestructuras de tan negativas consecuencias.
La demanda agraria se sustenta en el desarrollo de 445.000 ha de nuevos regadíos, sumados a los 965.000 ha actualmente existentes que irremediablemente continuará degradando los ecosistemas acuáticos tanto por la escasez de caudales circulantes como por la contaminación difusa asociada.
Una de las piezas claves para el no deterioro de los ríos y el alcanzar el buen estado son los caudales ambientales. Estos caudales ambientales, siguiendo los criterios de la DMA, deberían haberse realizado con total transparencia y con un debate técnico-científico abierto entre expertos para obtener la mejor propuesta técnica posible, sin embargo se ha presentado con total obscurantismo dentro de la ingente cantidad de documentación del Plan sin ninguna posibilidad de debate.
La razón de este obscurantismo es la manipulación técnica en la determinación de caudales ambientales que obedece a un único criterio, el caudal ambiental es el sobrante una vez se han aplicado los balances para las 1.410.000 ha previstas en este Plan. El procedimiento técnico “por casualidad” da este resultado. En este sentido, subrayamos la gravedad de que en el Plan se incluyan unos caudales ecológicos para el Delta del Ebro que condenan a muerte a la desembocadura del río.
En el Plan se incluye también la construcción de 35 nuevos embalses (más de 2.100 Hm3) de capacidad y se continúan manteniendo las expectativas sobre 44 más (más de 850 Hm3), encaminados a incrementar el almacenamiento de recursos hídricos. Todos ellos afectan a zonas de alto valor natural y en no pocos casos amparadas con figuras de protección incluidas en la Red Natura 2000. Denunciamos el cinismo del Plan al justificar muchos de estos embalses como medida ambiental para tener caudales ecológicos, cuando precisamente lo que hace un embalse es desregular el funcionamiento natural de un río, y a causa de esa desregulación están obligados (o deberían estar obligados, de hecho ahora no lo están) a dejar pasar por lo menos unos caudales ambientales. El cinismo aumenta cuando el estado se compromete a financiar parte de las obras a causa de que deje esos caudales ambientales, dando a entender de facto que los usos son previos a los caudales ambientales, por lo que tales usos han de ser compensados por dejar los caudales ambientales.
Por tanto, uno de los grandes fracasos del Plan es continuar con la política de grandes embalses, que generan conflictividad social y jurídica, como son los casos de Yesa, Biscarrués, Mularroya, Aguaviva o Las Torcas.